Árbitro bajo sospecha

José Luis Jara

Para Carlos Navarro López, militante y diputado federal por el PRD, no hay dudas en el actual proceso político sonorense: el consejo electoral se encuentra bajo sospecha, actúa de manera concertada con el PRI, el PAN y el gobernador del estado, porque sabe muy bien que los precandidatos de estos partidos están violando la ley.

Los aspirantes del PAN, abundó, trabajan con el respaldo del gobierno federal y los precandidatos del PRI, con el apoyo del aparato del gobierno del estado.

Claro –dijo- no vamos a encontrar un cheque específico que señale el apoyo, pero por ejemplo, en el caso de los delegados del gobierno federal, creen que van a ser funcionarios de 8 a 3 y que se convertirán en militantes panistas fuera de ese horario.

Navarro López fue entrevistado en un café e la ciudad. Hace unos días llegó a Sonora. Vino de Nayarit donde participó en apoyo a los perredistas de esta entidad donde se celebraron elecciones el pasado domingo.

Se encargó de coordinar los trabajos electorales en tres municipios que siempre estuvieron bajo gobiernos priistas. Se trata de Acaponeta, Tecuala y Huajicori, donde en este último vivió la experiencia de cazar unos mapaches electorales del PRI que se habían robado las urnas de unos distritos.

La gente –relató- denunció el robo de las urnas y señalaron al vehículo donde se las llevaban. De inmediato, Navarro ordenó seguir al carro de los mapaches electorales, quienes respondieron cerrándoles el paso. Atravesaron su carro frente al del diputado y les sacaron armas de alto calibre. Fue un momento muy intenso que se solucionó porque a menos de un kilómetro se encontraban fuerzas policíacas.

Que no se hagan tontos

En la entrevista, Carlos Navarro se abstuvo de hablar de su posible precandidatura a gobernador, porque primero –dijo- los perredistas deben definir un rumbo y una estrategia para elegir a sus candidatos. Incluso, señaló que existe el acuerdo perredista de esperar a que se defina la elección de dirigencia del partido, para definir esa estrategia.

Pero en el ámbito de lo que ocurre en el Consejo Estatal Pectoral, la postura del PRD es obligar al consejo electoral y al IFE a que no se hagan tontos, porque realmente existe ya una campaña político electoral por parte de los precandidatos del PRI y del PAN. Y el árbitro de la contienda debe actuar de inmediato contra todos los que violan la ley

-¿Habrá una acción concertada?

-Claro que sí. Y el consejo electoral está dando señales de que va a actuar mal, va a decidir su política de acuerdo a los intereses del partido gobernante, el de Bours.

-¿Qué opinión te merecen las acciones del Consejo electoral?

-Los perredistas hemos analizados y tenemos el acuerdo que primero vamos a definir nuestra propia ruta. Y nuestra postura es señalar la violación de la ley electoral por parte del PRI, el PAN y del propio consejo electoral, porque aparentemente no se ha dado cuenta que también los precandidatos priistas también andan en campaña. Se van a dar cuenta de ello, cuando se presente una denuncia al respecto.

Luego de dar esta declaración, el diputado perredista dice con un dejo de incredulidad: “por favor, ahora resulta que para los consejeros electorales el senador del PRI y los demás precandidatos no andan en campaña”.

El senador Alfonso Elías del PRI anda haciendo campaña abiertamente. Lo mismo los demás precandidatos, pero resulta que el consejo electoral sólo se pueden dar cuenta de ello si hay una denuncia de las partes.

“Como que los consejeros no han leído la ley –abundó el perredista- porque los principios del código electoral hablan de que este organismo debe garantizar la legalidad y la imparcialidad”.

-¿Dónde entra la acción concertada con los panistas?

-Entra cuando la ley habla claramente de los tiempos de campaña. Y a los precandidatos del PRI hacen las cosas más para darles publicidad gratuita. Y porque al final de cuentas, el consejo no les va a imponer alguna sanción.

La entrevista con Navarro López fue amplia. Habló de la propuesta de impulsar un pacto político entre la izquierda, donde se ponga en su justo término el apoyo del PRD a los movimientos sociales.

Habló más puntualmente sobre las precandidaturas a gobernador del PRD y el vuelco que debe tener este partido para apoyar a los movimientos sociales y dejar atrás la intención de atraer los gustos de los políticos perfumados.

Por el momento, finalizó esta parte de la entrevista con una posición: el consejo electoral se encuentra bajo sospecha; los precandidatos del PRI cuentan con el apoyo del aparato estatal y los del PAN, el respaldo del gobierno federal.

Si el consejo no actúa de acuerdo a la ley y les pone un alto a las violaciones que cometen los precandidatos del PAN y PRI, dará muestras claras de que sus acciones son concertadas.

Naufraga el Consejo Estatal Electoral

José Luis Jara

Entre las tareas más inmediatas que existen para avanzar –o retroceder, porque existe la posibilidad- en la transición democrática en Sonora se encuentra la elección de los futuros consejeros ciudadanos, quienes se encargarán de organizar y contabilizar los futuros comicios sonorenses.

No obstante la magnitud del reto, en los hechos nos encontramos con un Consejo Electoral saliente con graves riesgos de naufragio, o por lo menos con el timón sin rumbo, y un proceso de selección de futuros consejeros ciudadanos que navega en las corrientes de intereses de las fracciones parlamentarias.

El último camuflaje que se eligió para analizar a los190 aspirantes a consejeros ciudadanos, ocurrió en el Congreso del Estado, cuando se formaron las nueve comisiones para entrevistar a cada uno de la larga lista de candidatos.

Se dieron a la tarea de carearse con los aspirantes y la única metodología que utilizaron para escoger a sus propuestas, fue el ambiguo “melatismo”. Es decir, las preguntas que hicieron los diputados fueron las que les latieron.

En otras palabras, aún con los enormes recursos que tienen a su disposición los representantes populares, no tuvieron la capacidad de pensar en involucrar a los estudiosos o investigadores, a fin de elaborar una encuesta o entrevista, mediante la cual detectar los valores democráticos de los candidatos a consejeros ciudadanos y escoger a las personas más idóneas para sacar la tarea del Consejo Estatal Electoral, por lo menos en tres rumbos claves: profundizar la cultura democrática, respeto a la ley y ciudadanización del organismo electoral.

Sin embargo, esas tareas de la transición no se han comprendido por quienes detentan el poder en el Congreso del Estado, pues los diputados y aspirantes a consejeros que fueron consultados, coincidieron en que no hubo un plan concreto para las entrevistas, de tal suerte que la única metodología que se aplicará para escoger a los futuros consejeros ciudadanos, será el producto de las negociaciones de las fracciones parlamentarias, sobre todo del PRI y del PAN, quienes han jugado a la democracia para hacer feliz al ejecutivo.

En este contexto se encuentra la propuesta del coordinador parlamentario del PAN, Carlos Tapia, quien se encuentra promoviendo al actual consejero Felipe Mora Arellano para que repita en la responsabilidad en el Consejo Estatal Electoral, porque de esa forma, el blanquiazul podrá dejar sembrado un consejero que podría llegar a ser el futuro presidente del organismo electoral, por la experiencia que tendrá acumulada con una tercera reelección, que vale la pena decir, está permitida en el actual Código electoral de Sonora.

Despacito muy despacito…

En la medida que se acerca el plazo en el que terminan sus funciones los actuales consejeros electorales, el organismo ciudadanos parece que no puede llegar a puerto seguro.

Terminó su tarea acompañada de un desprestigio por las irregularidades que se presentaron en los comicios pasados. No pudo, ni tan siquiera la lucha le hizo, por controlar los excesos de los candidatos a gobernador, bajo la sana conseja jurídica de que lo que no está prohibido está permitida.

No pudo ejercer un control fiscal de los gastos de campaña y lejos de que en la contienda electoral predominaran los valores relacionados con la democracia, como es la tolerancia, respeto al voto, al ciudadano y al contrincante, éstos quedaron enterrados por la guerra sucia que protagonizó cada uno de los contendientes a los puestos de elección popular.

En otras palabras, el actual Consejo Estatal Electoral se retira bajo un escenario donde priva la aversión y un escaso respeto y confianza hacía este árbitro de la contienda.

Lo que vino a coronar la crisis en el organismo electoral, fueron los hechos que se registraron la semana pasada, en el evento que organizó la presidenta del Consejo, Olga Armida Grijalva, para rendir el último informe del organismo electoral.

En ese evento, el ex presidente del Consejo, Miguel Ángel Vázquez hizo públicas sus divergencias.

En entrevista consideró que la presidenta del organismo se quiso presentar o se autodenominó como la evaluadora de todo el proceso electoral pasado. Sacó un documento que le llamó memoria cualitativa donde se plantean una serie de juicios sobre los partidos políticos, sobre el Consejo electoral, la labor de la prensa y en contra del trabajo del presidente anterior del organismo.

Lo peor del caso –explicó Vázquez Ruiz- es que esas valoraciones son de carácter personal, producto de las interpretaciones de Olga Armida Grijalva, porque en la elaboración de esta memoria no se tomó en cuenta al resto de los consejeros ciudadanos.

Así como este suceso, se encuentran otros hechos ya consumados, como es el caso de la revista Yo Ciudadano, nombre que hace alusión al nombre de la novela Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos y que es una obra clásica que trata el tema de las dictaduras en América Latina.

Quizás, el antecedente del actual consejo estatal electoral sea uno de los factores que han pesado para que el tema de la elección de los futuros consejeros ciudadanos se celebre ante una apatía ciudadana generalizada y el torbellino de intereses de los actuales grupos gobernantes.

En otras palabras, se puede decir que las condiciones están dadas para que la maquinaria legislativa haga de las suyas sin tener el contrapeso de las exigencias ciudadanas de caminar por una transición democrática.

El debate debe iniciar

José Luis Jara 

La alternancia con equidad de género se debe aplicar en la elección del árbitro de la contienda electoral sonorense. La propuesta concreta al respecto, es que el presidente del Consejo Estatal Electoral se elija con esos criterios porque esa distinción tan importante también la debe impulsar una mujer, al igual que el hombre. Hilda Benítez, consejera ciudadana del CEE, habló sobre este punto con Dossier. Ella considera que esta propuesta debe retomase en el debate que se realice en torno a la reforma electoral sonorense, por lo que adelanta aquí la propuesta. En la pasada elección de presidente de este organismo electoral, la maestra Benítez se propuso para esa responsabilidad. Sin embargo, se designó a Marcos Antonio García Celaya, otro consejero y ella decidió interponer un recurso ante el Tribunal Federal Electoral para que se respetaran sus garantías en base a la aplicación del concepto de la alternancia y la equidad de género en la elección del presidente del CEE. Ese recurso no procedió porque –al decir del TRIFE- el caso de la maestra Benítez supuestamente se refería a un cambio de orden administrativo, no de carácter electoral. Sin embargo, ahora que se viene la hora de que las fracciones parlamentarias inicien la discusión de la reforma electoral, consideró conveniente que las organizaciones civiles de mujeres discutan el tema y vean la posibilidad de retomar la propuesta. El objetivo, obviamente, es que los diputados incluyan en sus discusiones este punto, con la intención de que se aplique el concepto de la alternancia y equidad de género, que ya existe para designar los candidatos a cargos de elección popular. Para la maestra Benítez es importante que se defina si se aplica o no este concepto, porque considera que es punto marcará un avance en la construcción de la democracia en la entidad. Hilda Benítez concedió la entrevista a Dossier para hablar sobre este punto que le tocó vivir, en el que se convirtió en un blanco fácil para todas las plumas. En muchas de las críticas contra la consejera ciudadana, prevaleció el exabrupto, la ofensa sin fundamento, como si fuera una campaña contra ella, a la que debían enviar todos los dardos de la política. Ella se sostuvo, encabezó en una de las sesiones del Consejo electoral una de las discusiones más ricas sobre democracia y el papel de la alternancia con equidad de género, de tal suerte que la maestra Benítez conquistó el voto de los representantes de los partidos de oposición. Sin embargo, le dieron palo a su petición en el Consejo Estatal Electoral, le repitieron la dosis en el TRIFE, pero a final de cuentas, la maestra considera que el fondo del asunto no se ha resuelto: la aplicación de la alternancia con equidad de género en la presidencia del Consejo Estatal Electoral. La maestra considera que la propuesta es de avanzada. No es capricho personal porque este concepto se puede adoptar para las futuras generaciones de consejeros ciudadanos. -¿Qué sigue maestra? -El debate debe iniciar, en lo particular hice lo posible para que se definiera en la pasada elección de ciudadano presidente Ahora le corresponde a los partidos políticos y sus diputado abordar la discusión. En este contexto, lo encomiable sería que las organizaciones civiles retomen la propuesta y dialoguen con los representantes populares para que la tome en cuenta y definan si debe contemplarse este concepto en la elección del presidente del Consejo. -¿Con el fallo del juez en su casoz no marcó el fin de la discusión? -Más bien, el juez evadió la discusión del punto optó por resolver bajo el argumento que el tema es de carácter administrativo, cuando en realidad tiene que ver con la ocupación de cargos ciudadanos donde debe aplicarse la alternancia y a equidad de género, como ya se hace en la elección de cargos de elección popular. Hilda Benítez recordó la manera en que se abrió el debate, que considera fue distorsionado. Inició el pasado 20 de septiembre del año pasado, cuando se eligió al presidente del CEE. La maestra Benítez se había postulado con la propuesta de la alternancia con equidad de género, pero a final de cuentas se eligió a Marcos Arturo García Celaya. “Me inconformé, solicité que se rediscutiera el asunto, llegué a recurrir al tribunal federal, a quien solicité que protegiera los derechos políticos de las ciudadanas”. Recordó que ella se auto propuso a la presidencia, en virtud de que la otra consejera ciudadana, Maria del Carmen Arvizu, ya se le acercaba el fin de su período en esa responsabilidad de consejera ciudadana. El Trife resolvió el caso el 11 de octubre y la maestra interpuso un recurso de incidencia, con el fin de llevar a juicio y se le otorgara un amparo por violación a sus garantías. El caso concluyó en noviembre pasado, en el que le negaron el amparo porque supuestamente el caso es de carácter administrativo, no electoral. En este proceso, la polémica fue bastante dura, a tal grado que la maestra Benítez se vio obligada a aguantar callada. “Jamás respondí a los señalamientos, porque no se dieron en el marco de una democracia y por eso decidí no entrarle a responder a las críticas”. Después de ese proceso, la maestra Benítez dijo que en el Consejo todo esta en la normalidad. El punto de su propuesta para dirigir el consejo, no se toca en las horas de trabajo. Más bien se reúnen para trabajar en lo que toca a los consejeros ciudadanos y las tareas que ya tienen frente al próximo proceso electoral del 2007.

Bajo control

José Luis Jara

En la integración del Consejo Estatal Electoral se juega el 2009 en Sonora.

Apenas la semana pasada, en una de sus sesiones se pusieron de acuerdo para nombrar la Comisión Plural que elaborará el dictamen en que se propondrán a los dos consejeros que el Poder Legislativo debe elegir.

Son dos consejeros ciudadanos que concluyeron su período desde octubre del año pasado. Desde entonces se abrió el proceso para que el Congreso del Estado eligiera a los relevos.

Sin embargo, en la sesión del jueves pasado, los legisladores llegaron a un primer acuerdo: elegir a la comisión plural, integrada por Guillermo Peña Enríquez (PRI), Jesús Fernando Morales (PAN) Petra Santos (PRD) y Ventura Félix Armenta del PANAL.

Todos ellos tienen que ponerse de acuerdo para hacer una propuesta de los consejeros que suplirán a Humberto Valencia Valencia y María del Carmen Arvizu. Estos dos consejeros se identificaron con el Partido Revolucionario Institucional.

El primero, Valencia Valencia conectado en línea directa con el abogado del gobernador, Wenceslao Cota Montoya; la segunda, la consejera María del Carmen Arvizu fue una posición que logró el hermano del gobernador.

Son dos consejeros que se identificaron con el PRI los que van a salir. La lógica indica que los dos nuevos consejeros a elegir se identifiquen con el tricolor.

Sin embargo, el elector de los dos nuevos consejeros es el Congreso del Estado. Para sacar adelante este proceso se requiere que los candidatos a consejeros sean elegidos por las dos terceras partes de los votos. Y este es el panorama difícil para cada una de las fracciones parlamentarias, de tal suerte que el PRI necesita llegar a un acuerdo con el PAN para nombrar a esos consejeros.

Las dos terceras partes del Congreso lo representan 22 votos, pero si el PRI tiene 14, el PAN 13, el PANAL 2, el PRD 3 y el PT, es necesario que los dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo para alcanzar esa cantidad de sufragios.

En este sentido, el punto de la negociación del PAN es que compartan consejeros uno y uno. Y esos saldrán de las 86 propuestas que se registraron en la convocatoria que se lanzó desde octubre del año pasado.

Sobre el control

Francisco Casanova es el representante del Partido Alternativa Socialdemócrata en el Consejo Estatal Electoral. Él interpuso un recurso ante el Tribunal Federal Electoral ante el problema que se presentó en octubre de 2007, cuando se eligió al nuevo consejero ciudadano presidente del Consejo.

Él se inclinó a favor de la auto propuesta de la consejera Hilda Benítez Carreón para ser la consejera ciudadana presidente, que cuando se eligió a Marco Antonio García Celaya como presidente consejero, interpuso el recurso en el TRIFE exigiendo que se aplicara la alternancia y la equidad de género en la elección de este cargo.

En entrevista, Francisco Casanova recordó la manera en que se eligió al nuevo presidente. Fue en una sesión de octubre pasado. La discusión se abrió a todos los que participan en esta sesión, incluidos los representantes de los partidos políticos. Hilda Benítez puso sus cartas sobre la mesa, basándose en una propuesta e democracia con alternancia y equidad de género. Fue una sesión interesante. Pero la sorpresa que se llevaron todos fue a la hora de la votación, pues de los 5 consejeros ciudadanos, cuatro votaron por Marco Antonio García Celaya.

Se dibujo muy clarita la imposición y el interés de tener controlado al presidente del Consejo Estatal Electoral.

En indagaciones realizadas por otra parte, Dossier ubicó la conexión política del presidente, pues mantiene una liga con Adolfo García Morales, principal operador de Roberto Rubial Astiazarán, secretario de gobierno.

Para Francisco Casanova existe un grave problema en el Consejo Estatal Electoral: “no tiene agenda de trabajo, por eso se a retrasado la elección de los nuevos consejeros, porque no hay acuerdos entre los partidos políticos y el gobierno del estado”.

Se ha manifestado el interés gubernamental de tener un control sobre el árbitro de las elecciones, de tal forma que se ha desviado el proceso de ciudadanización del Consejo electoral.

Ahora, abunda, esta institución ha formado un aparato de burócratas muy denso, a pesar del presupuesto que maneja.

Lamentó que ahora, los consejeros gozan de grandes salarios de 70 mil pesos más compensaciones, cuando el espíritu original de estos representantes de la ciudadanía tuvo honorarios en lugar de sueldos.

En otras palabras, el representante de Alternativa Socialdemócrata consideró que el Consejo electoral no ha cumplido con su función de ser jun árbitro autónomo. No tiene agenda política, al igual que los diputados del Congreso del Estado y la elección de los dos nuevos consejeros está a la espera de componendas o acuerdos a los que lleguen los diputados de las fracciones parlamentarias.

Sin embargo, los diputados del Congreso del Estado lograron avanzar en la integración de la Comisión Plural Especial que dictaminará sobre este caso. Tiene en sus manos 86 expedientes por analizar. De esos van a proponer a dos, que seguramente responderá a los intereses de los partidos que lo impulsen.

El árbitro, un villano favorito

José Luis Jara

Jesús Humberto Valencia Valencia es el nuevo  villano favorito de los partidos políticos en Sonora.

Valencia Valencia es abogado y fue electo por los mismos legisladores como consejero ciudadano en el Consejo Estatal Electoral. Ahora es el presidente del organismo que es y será el árbitro en la contienda política de 2006 en Sonora.

Pero resulta que por allá en 1997, cuando el actual presidente del Consejo electoral se desempeñaba como Magistrado del Juzgado Segundo de Distrito, llegó una denuncia anónima al Consejo de la Judicatura Federal que decía: “En algunos de los juzgados de distritos de Sonora, se han resuelto asuntos que dan pauta para dudar de la honradez, buena fe, imparcialidad, valor y sabiduría de los juzgadores…”

La denuncia anónima señaló el caso del “Juzgado Segundo, Proceso 92/95. Delito: un kilo, ciento veinte gramos de cocaína, tres kilos trescientos veinte gramos de heroína, que son trasladados desde Honduras hasta Tijuana.

Por la denuncia anónima se integró un expediente de denuncia cuya resolución fue que se establecen posibles irregularidades en la tramitación de las causas penales, que podían configurar causa de responsabilidad grave de los titulares de los órganos jurisdiccionales.

En ese expediente, que tiene el actual presidente del Consejo Electoral, el 92/95 del Consejo de la Judicatura Federal, “se advierten irregularidades que probablemente podrían configurar causas de responsabilidad administrativa en contra del titular Jesús Humberto Valencia”.

El caso concreto en que se involucró el presidente del Consejo Estatal Electoral, es que cuando era juez de segundo distrito pronunció sentencia definitiva en el expediente penal número 92/95, por un delito contra la salud en sus modalidades de introducción al país, transportación, posesión y actos tendientes a la extracción del país de cocaína y heroína.

Se trataba del presunto narcotraficante Guillermo Salazar Cruz, quien además se había aventado el boleto de internarse ilegalmente en territorio mexicano. Pero el juez Valencia Valencia dictó sentencia absolutoria a favor del indiciado, por el delito contra la salud.

Y a petición del propio Salazar Cruz y su abogado defensor Eleazar Fontes Moreno, Valencia Valencia decreta la libertad bajo fianza del indiciado, bajo el argumento de que Salazar Cruz fue engañado.

Le dijo a Valencia Valencia que a él lo contrataron para realizar el traslado de refacciones de Guatemala a Estados Unidos y que cobraría 15 mil dólares, con los cuales aprovecharía para ver a su familia. Pero resultó que al señor lo de tuvieron con el paquete donde en lugar de refacciones traficaba con cocaína y heroína.

José Luis Jara

El caso es que con este antecedente, los representantes del Partido del Trabajo, el PRD y el PAN demandan la salida de Valencia Valencia.

El PRD y sus diputados han participado en manifestaciones públicas exigiendo la salida de Valencia del Consejo electoral. Jaime Moreno Berrry y la dirigencia estatal del PT denunciaron que una persona con esos antecedentes, pone en riesgo las elecciones de 2006.

No hay confianza, no hay probidad en el presidente del Consejo,

Sesionan y toman acuerdos a puerta cerrada, cuando deben ser con la participación de los representantes de los partidos políticos.

El representante del PAN en el Consejo, Eduardo Chávez anunció que van a impugar los acuerdos que tomen sin la presencia de los partidos políticos.

Argumentan que el artículo 86 del Código Electoral dice que los representantes de los partidos tienen que concurrir a las sesiones.

En esas reuniones cerradas, los consejeros han tomado acuerdos como el de subirse el sueldo.